En misa y repicando

Una moción solicitando el apoyo a una propuesta del Movimiento Laico y Progresista en el último pleno del Ayuntamiento de Lleida abrió de nuevo el debate sobre las garantías y libertades ideológicas y de culto en nuestro país. En aquel pleno los partidos de izquierdas, incluido el Alcalde y su equipo de gobierno, dejaron clara su apuesta por el impulso de un Pacto Nacional por la Laicidad, un pacto impulsado por un movimiento que, recordémoslo, convocó una manifestación contra la visita del Santo Padre.

No podemos desorientar a los ciudadanos de Lleida mediante la utilización de terminologías diversas (laicismo, laicidad, aconfesionalidad) incitando a la confusión. Quien ha votado SÍ a este pacto sabe lo que votaba, incluido el Equipo de Gobierno. Si la laicidad que defiende este movimiento es una laicidad que propugna el respeto a la aconfesionalidad del Estado, incorpora el respeto a todas las religiones y reconoce el papel de la religión en la vida pública y por lo tanto divergente del concepto de laicismo que propugna una estricta separación iglesia-estado nos preguntamos: ¿Por qué el movimiento que propugna este Pacto protestaba contra la visita del máximo representante de una confesión religiosa? o ¿Por qué se tiene que impulsar un Pacto Nacional por la Laicidad si la Constitución garantiza desde 1978 la libertad ideológica, religiosa y de culto? ¿Realmente no está lo bastante reconocida la libertad ideológica en nuestro país? ¿O quizás, los intereses que defiende este pacto van más allá?

El debate terminológico sobre laicismo, laicidad o aconfesionalidad es confuso y ha dado lugar a muchas interpretaciones y llegados a este punto debemos acudir al sentido que fija nuestro Tribunal Constitucional, único interlocutor válido por dar respuesta a esta cuestión. De hecho la STC 101/2004, de 2 de junio, sostiene que "... en su dimensión objetiva, la libertad religiosa comporta una doble exigencia, que se recoge en el art. 16.3 CE: primero, la de neutralidad de los poderes públicos, ínsita en la aconfesionalidad del Estado; segundo, el mantenimiento de relaciones de cooperación de los poderes públicos con las diversas iglesias. En este sentido [...] el artículo 16.3 de la Constitución [...] considera el componente religioso perceptible en la sociedad española y ordena a los poderes públicos mantener las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las otras confesiones, introduciendo de esta manera una idea de aconfesionalidad o laicidad positiva".

Para el Partido Popular esta interpretación no deja ninguna duda y defendemos y defenderemos los derechos y libertades que postula nuestra Constitución Española en el marco de los derechos Fundamentales y Garantías Públicas que garantizan la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades y la aconfesionalidad del Estado. Ninguna confesión tendrá carácter de estatal pero los poderes públicos deberán tener en cuenta las creencias religiosas de nuestra sociedad y las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y el reconocimiento de sus fundamentos como base de nuestra sociedad actual.

Para acabar me gustaría recordar algunos datos que dejan entrever la importancia para nuestro país de la labor de nuestra tan odiada, por algunos, Iglesia Católica: “5.141 Centros de enseñanza; 990.774 alumnos (ahorran al Estado 3 millones de euros por centro al año); 107 hospitales (ahorran al Estado 50 millones de euros por hospital al año); 1.004 centros, entre ambulatorios, dispensarios, asilos, centros de minusválidos, de transeúntes y de enfermos terminales de SIDA; un total de 51.312 camas (ahorran al Estado 4 millones de euros por centro al año), gasto de Cáritas al año: 155 millones de euros (salidos del bolsillo de los cristianos españoles); gasto de Manos Unidas: 43 millones de euros (del mismo bolsillo); gasto de las Obras Misionales Pontificias (Domund): 21 millones de euros; 365 centros de reeducación para marginados sociales: ex-prostitutas, ex-presidiarios y ex-toxicómanos; 53.140 personas, (ahorran al Estado, medio millón de euros por centro); 937 orfanatos; 10.835 niños abandonados, (ahorran al Estado 100.000 euros por centro); el 80 % del gasto de conservación y mantenimiento del Patrimonio histórico-artístico, (se ha calculado un ahorro aproximado al Estado de entre 32.000 y 36.000 millones de euros al año) “.

A todo esto tenemos que sumar que casi la totalidad de personas que trabajan o colaboran con Manos Unidas, Cáritas, etc, son voluntarios que ayudan a los demás sin pedir nada a cambio y cuyo trabajo es muy difícil de cuantificar.

En definitiva, respetando la aconfesionalidad del Estado y con el máximo respeto a todas las religiones que conviven en nuestro país, me siento orgullosa de ser católica y siendo coherente no entiendo la postura de aquéllos que están en misa y repicando.

María José Horcajada Bell-lloch
Portavoz Grupo PP en la Paeria