El 25 de noviembre celebraremos el Día Internacional contra la Violencia de Género con unos datos sobre la mesa que son escalofriantes y que no deberían dejar indiferente a nadie: en los últimos cuatro años 280 mujeres fueron asesinadas en nuestro país y en lo que llevamos de año se han registrado 60 muertes por violencia de género, de las cuales, 13 habían puesto en algún momento una denuncia contra su maltratador, y 10 tenían alguna medida de protección en el momento en el que se consumó el crimen.
Estos datos ponen de manifiesto que la ley Integral contra la Violencia de Género, aprobada hace cuatro años, se muestra como un instrumento ineficaz para combatir la violencia de género y que las medidas de protección integral son claramente insuficientes, así como el presupuesto – 4 millones de euros para el año 2009- destinado para luchar contra esta lacra.
El Gobierno parece conformarse con aprobar una Ley que se ha quedado en papel mojado, pues la evidencia demuestra día tras día, con nuevas víctimas mortales, que esta Ley no funciona. De hecho, las carencias de la Ley ya han sido puestas de manifiesto por organismos como el Defensor del Pueblo o Amnistía Internacional.
Tanto es así, que tres años después de la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género, el 30 por ciento de las 72 mujeres asesinadas en 2007 había denunciado a su agresor y sólo el 4,6 por ciento de las que había solicitado una orden de protección la consiguió.
En Lleida, los Mossos d’Esquadra deben proteger en la actualidad a 336 mujeres víctimas de la violencia de género y las órdenes judiciales desbordan los recursos policiales y sociales. Una situación, además, que se agrava día a día, ya que, según el Consejo General del Poder Judicial, durante los últimos cuatro años, cada dos días un juzgado de Lleida dicta una orden de protección de una víctima de la violencia masclista.
Todos estos datos ponen de relieve que no basta con aprobar una ley, también es necesario realizar un buen diagnóstico de la realidad para poder tomar medidas eficaces y luchar contra una de las peores lacras de nuestra sociedad. Hay que hacer una valoración objetiva y detectar donde se está fallando y que nuevas medidas hay que adoptar.
Desde el Partido Popular queremos reiterar nuestro compromiso en la lucha contra la violencia de género, una de las peores lacras que sufre nuestra sociedad y que desgraciadamente cuesta la vida anualmente a decenas de mujeres.
Por ello, consideramos necesario adoptar, entre otras, una serie de medidas específicas que permitan mejorar la eficiencia en la lucha contra la violencia de género, como son: incrementar el número de policías dedicados exclusivamente a la violencia de género, especialmente formados para estas tareas y en comunicación directa, permanente y personalizada con las víctimas reales o potenciales; incrementar el número de Juzgados especializados en violencia de género, dotándolos de los medios necesarios para garantizar su funcionamiento, e incrementar los recursos que los ayuntamientos de las comarcas leridanas destinan a atender a las mujeres y victimas de la violencia de genero.
En este sentido, en el Pleno de la Diputación de Lleida del pasado viernes, el Grupo del Partido Popular ha solicitado que en los presupuestos de la Corporación para 2009 se destine una partida presupuestaria específica destinada a incrementar los recursos de que disponen nuestros ayuntamientos para luchar contra esta lacra social.
Estas, tanto a nivel estatal, autonómico, como local, son algunas de las medidas que desde el PP consideramos necesario potenciar. Ahora es tarea y responsabilidad del Gobierno adoptar éstas y demás medidas que sean necesarias para erradicar la violencia de género, aunque para lograrlo, antes el Gobierno debe dejar de lado su autocomplacencia en todo este tema y hacer autocrítica. En pocas palabras: menos manifiestos y más recursos.
Estos datos ponen de manifiesto que la ley Integral contra la Violencia de Género, aprobada hace cuatro años, se muestra como un instrumento ineficaz para combatir la violencia de género y que las medidas de protección integral son claramente insuficientes, así como el presupuesto – 4 millones de euros para el año 2009- destinado para luchar contra esta lacra.
El Gobierno parece conformarse con aprobar una Ley que se ha quedado en papel mojado, pues la evidencia demuestra día tras día, con nuevas víctimas mortales, que esta Ley no funciona. De hecho, las carencias de la Ley ya han sido puestas de manifiesto por organismos como el Defensor del Pueblo o Amnistía Internacional.
Tanto es así, que tres años después de la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género, el 30 por ciento de las 72 mujeres asesinadas en 2007 había denunciado a su agresor y sólo el 4,6 por ciento de las que había solicitado una orden de protección la consiguió.
En Lleida, los Mossos d’Esquadra deben proteger en la actualidad a 336 mujeres víctimas de la violencia de género y las órdenes judiciales desbordan los recursos policiales y sociales. Una situación, además, que se agrava día a día, ya que, según el Consejo General del Poder Judicial, durante los últimos cuatro años, cada dos días un juzgado de Lleida dicta una orden de protección de una víctima de la violencia masclista.
Todos estos datos ponen de relieve que no basta con aprobar una ley, también es necesario realizar un buen diagnóstico de la realidad para poder tomar medidas eficaces y luchar contra una de las peores lacras de nuestra sociedad. Hay que hacer una valoración objetiva y detectar donde se está fallando y que nuevas medidas hay que adoptar.
Desde el Partido Popular queremos reiterar nuestro compromiso en la lucha contra la violencia de género, una de las peores lacras que sufre nuestra sociedad y que desgraciadamente cuesta la vida anualmente a decenas de mujeres.
Por ello, consideramos necesario adoptar, entre otras, una serie de medidas específicas que permitan mejorar la eficiencia en la lucha contra la violencia de género, como son: incrementar el número de policías dedicados exclusivamente a la violencia de género, especialmente formados para estas tareas y en comunicación directa, permanente y personalizada con las víctimas reales o potenciales; incrementar el número de Juzgados especializados en violencia de género, dotándolos de los medios necesarios para garantizar su funcionamiento, e incrementar los recursos que los ayuntamientos de las comarcas leridanas destinan a atender a las mujeres y victimas de la violencia de genero.
En este sentido, en el Pleno de la Diputación de Lleida del pasado viernes, el Grupo del Partido Popular ha solicitado que en los presupuestos de la Corporación para 2009 se destine una partida presupuestaria específica destinada a incrementar los recursos de que disponen nuestros ayuntamientos para luchar contra esta lacra social.
Estas, tanto a nivel estatal, autonómico, como local, son algunas de las medidas que desde el PP consideramos necesario potenciar. Ahora es tarea y responsabilidad del Gobierno adoptar éstas y demás medidas que sean necesarias para erradicar la violencia de género, aunque para lograrlo, antes el Gobierno debe dejar de lado su autocomplacencia en todo este tema y hacer autocrítica. En pocas palabras: menos manifiestos y más recursos.
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