Mujer

En el momento de la concepción, justo en la formación de los gametos, los cromosomas sexuales se encargan de decidir el género de la persona y en ese preciso instante la posibilidad de ser hombre o mujer son exactamente las mismas.

Una vez producido el nacimiento ese equilibrio natural se desvanece y es por ello que aún en el siglo XXI, el siglo del conocimiento, el saber y la comunicación celebramos el día 8 de marzo como el día internacional de la mujer trabajadora, fecha reconocida por Naciones Unidas como el día donde se reivindica la lucha de la mujer por su participación, en igualdad con el hombre, en la sociedad y el desarrollo íntegro de la persona, con una salvedad especial este año, ya que se celebran los 80 años en que la mujer española obtuvo el derecho al voto.

A pesar de los grandes avances realizados en nuestro país, fundamentalmente durante el siglo pasado, a día de hoy, son numerosas las comunidades del mal llamado tercer mundo que siguen sufriendo el olvido de unos derechos inherentes a todo ser humano con independencia de su género.
En España, nos estamos poniendo a la altura en la lucha por la igualdad de género y las mujeres vamos alcanzando las cotas de poder que tradicionalmente han sido reservadas únicamente a los hombres, pero aún existen discriminaciones salariales y no hemos solucionado la lacra de la violencia de género entre otras asignaturas pendientes, queda aún mucho camino todavía por recorrer.

Si echamos un vistazo a nuestro pasado, a principios del siglo XX nos encontrábamos un país donde menos del 10% de las mujeres aparecían en el censo de trabajadoras y fundamentalmente lo hacían en profesiones relacionadas con un papel tradicional, tejedoras, empleadas domésticas, enfermeras o profesoras. La legislación plasmaba en el Código Civil el papel de sumisión de la mujer al marido, mientras las reglamentaciones en materia laboral disponían que las mujeres debían dejar de trabajar en el momento de contraer matrimonio.

Con la reforma de los planes de estudio de 1957 se produce la primera entrada seria de las mujeres en el sistema educativo. A partir de 1970 la Ley General de Educación establece la enseñanza gratuita y obligatoria entre los seis y los catorce años. Pero no es hasta 1975 que con la Ley de Igualdad Jurídica se abandona la referencia expresa al deber de obediencia de la mujer al marido, la representación legal de éste y la recuperación de la personalidad jurídica plena.

Con la Constitución, en 1978, se reconoce la igualdad jurídica de hombres y mujeres, que en su artículo 14 predica: “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” y con ella se inicia un largo camino donde la participación de la mujer en la vida política, social y cultural de nuestro país se ha hecho un hueco importante.

A pesar de ello continua siendo necesario un mayor esfuerzo por parte de todos, hombres, mujeres y Administración Pública para conseguir que esa igualdad plena que propugna nuestra Constitución deje de ser un objetivo para convertirse en una realidad y ese 8 de marzo deje de ser una jornada de reivindicación para ser finalmente un día de celebración.

M. José Horcajada Bell-lloch
Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Lleida

Una fusió que arriba tard

En el passat ple de febrer de l’ajuntament de Lleia es va sotmetre a votació els estatuts d’un nou organisme autònom batejat amb el nom “IMECE” que pretén fusionar altres tres organismes -l´Institut Municipal d´Educació, l´Institut Municipal de Cultura i l´Institut Municipal d´Esports-, amb l’objectiu genèric de reduir la despesa municipal, un objectiu que compartim en el fons, però no en la forma.

Ja fa temps que parlem de crisi econòmica i que tots, també el nostre Ajuntament, s’ha d’adaptar a aquesta conjuntura i reduir despesa davant la davallada dels ingressos municipals. Des del PP fa més de tres anys que reclamem mesures d’austeritat, i en aquest sentit al Ple Extraordinari sobre l’Estat de la Ciutat es va presentar per part del grup socialista un Pla d’Ajust extraordinari curt i poc ambiciós, on lamentablement la gran majoria de l’estalvi venia de les retallades salarials als empleats públics imposades pel senyor Zapatero i s’hi van afegir alguns conceptes més per tal de vendre millor el producte i que no fossin només els funcionaris municipals els que haguessin de carregar amb tot el pes de la reducció de la despesa.

En aquest context, el Partit Popular va considerar que no podíem perdre més el temps i que calia reestructurar l’organigrama de l´ajuntament, ja que tenim una administració sobre dimensionada fruit d’una conjuntura econòmica d’època de vaques grasses i de l’època del tripartit en la que cada partit volia la seva pròpia parcel·la de poder, i varem proposar novament, entre altres mesures, la reducció i supressió d’organismes municipals, fusionant els seus serveis en funció de les seves competències.

Finalment, al desembre de 2010, durant els debats del Pressupost per a l’any 2011, el Paer en Cap va anunciar la fusió dels Instituts de Cultura, Educació i Esports en un sol organisme autònom amb l’objectiu de reduir la despesa en una operació que no es veia reflectida al pressupost per aquest any. Ara, a tres mesos de les eleccions, quan estem al final d’una legislatura, l’equip de govern ens presenten els Estatuts d’un organisme i demana a l’oposició que fem confiança i els aprovem, uns estatuts d’un organisme del qual no tenim el pressupost ni sabem com quedarà el personal adscrit, és a dir, ens demanen “un xec en blanc”.

Ara tenim davant un procés que no sabem com acabarà i que en tot cas hauria de ser el futur Govern Municipal qui ho hauria de decidir. En total s’anuncia un estalvi de 671.000 euros i des del Grup Municipal del Partit Popular ens preguntem si aquesta fusió no es podia haver fet abans. Hem perdut dos anys i el que és pitjor un estalvi en despesa que podia haver suposat un increment en d’altres polítiques prioritàries per a la nostra ciutat.

Des del Partit Popular exigim el rigor i la transparència que es mereixen els ciutadans de Lleida. Som un partit que aspirem a governar, o almenys, a ser decisius en la propera legislatura, i no podem avalar mesures electoralistes, ni podem donar xecs en blanc a un govern que ha estat incapaç de controlar la despesa. Estem a favor de la supressió o reducció d’organismes o qualsevol mesura que suposi millorar l’eficàcia i la gestió municipal, però entenem que aquesta proposta arriba tard, sense dades concretes i conscients que altres models de gestió són possibles i poden suposar un major estalvi a les ja de per si deficitàries arques municipals.

Maria José Horcajada Bell-lloch
Portaveu Grup Municipal PP Ajuntament de Lleida

Un presupuesto que va en sentido contrario

El presupuesto del Ayuntamiento de Lleida para el año 2011 demuestra que el Gobierno municipal socialista, al igual que el que gobierna en España, tampoco es de fiar, ya que ha impuesto unas cuentas poco serias y rigurosas que en lugar de ayudar a salir de la crisis, agravarán aún más la delicada situación que sufren los ciudadanos de Lleida.

El Gobierno de la Paeria ha incumplido los compromisos de austeridad y transparencia a que se comprometió hace un año, se ha limitado a recortar gastos tan importantes como las ayudas a las familias, el suministro de alimentos y las inversiones, para poder hacer cuadrar los presupuestos.
En estas cuentas municipales se produce una reducción indiscriminada del gasto, ya que casi 200 partidas de gasto corriente del Ayuntamiento se ven reducidas un 30 por ciento por la inoperancia de un equipo de gobierno que no ha sabido gestionar la crisis, ni dar cumplimiento a los planes de austeridad. Toda esta incompetencia ahora la pagan los ciudadanos de Lleida con la reducción de las inversiones y el recorte de las políticas sociales.

Por el contrario, una vez más tenemos que lamentar el incremento de los impuestos y particularmente del IBI, donde la Paeria prevé recaudar dos millones de euros más que el año 2010.Un incremento al que el grupo municipal del Partido Popular ya se mostró contrario votando en contra, pero que ahora se ve reflejado en el presupuesto de 2011 y supondrá un aumento de un 10 por ciento para las viviendas que fueron revisadas en 2006. Aportar soluciones a la crisis, los socialistas no lo saben hacer, pero subir los impuestos, sí.

El Gobierno municipal tampoco se ha esforzado demasiado en las políticas de empleo, ni en las de vivienda. Así, vemos como la EMU destina el grueso de su presupuesto al pago de los sobrecostes del puente de Príncipe de Viana y el cubrimiento de las vías, un proyecto político de larga duración y una sangría económica para Lleida al no ser capaces de conseguir las complicidades y compromisos adecuados.

Todo ello ha comportado que se hayan olvidado las políticas de vivienda que deben dar respuesta a las más de 3.900 familias que esperan una vivienda. De los 20 millones de euros de crédito, sólo se destinan a la construcción de vivienda protegida 2,2 millones de euros, con los que la EMU podrá construir en el año 2011 ocho viviendas de protección oficial. Todo un éxito!

Tampoco podemos pasar por alto el descenso drástico de las inversiones, ya que conllevará incrementar las listas del paro en nuestra ciudad. Grandes obras como la última fase del cubrimiento de las vías, el Museo de Arte Contemporáneo y la reforma de las Balsas han quedado pospuestas. Como también quedan olvidadas en un cajón obras de menor envergadura, pero igualmente importantes y reiteradamente reclamadas por el PP, como son la rehabilitación del cine Goya de los Magraners, la piscina cubierta de Cappont, el local social del Camp de Esports, el futuro del Pabellón de Cristal de los Camps Elisis y la reforma de las plazas Pau Casals y España. Estas políticas, que son las que ayudan a reactivar la economía, se ven reducidas en un 50 por ciento, porque no se han hecho bien los deberes y los planes de ajuste han sido inexistentes.

Finalmente, cabe decir que vemos con perplejidad como propuestas presentadas por el PP y que han sido rechazadas alegando motivos de carácter técnico o social, han sido posteriormente copiadas y presentadas a bombo y platillo por el equipo de gobierno, como es el caso del arreglo del margen derecho del río Segre o la residencia para personas "sin techo" prevista en los presupuestos. Lo celebramos, pero es lamentable que propuestas presentadas por la oposición, en este caso el PP, para mejorar la ciudad de Lleida, sean rechazadas sistemáticamente por la mayoría absoluta y prepotente socialista, y luego, sin ningún tipo de vergüenza ni rubor, se las apropien.

En definitiva, desde el grupo municipal del PP creemos que los presupuestos de la Paeria para 2011 no son los que se merecen los ciudadanos de Lleida. Son unos presupuestos restrictivos, arbitrarios y carentes de objetivos claros para luchar contra las necesidades más imperiosas de nuestra ciudad. En el contexto actual hay que apostar por las políticas que fomenten la reactivación de la economía y por las medidas sociales en el sentido más amplio de la palabra, que ayuden a las personas y las familias angustiadas por la crisis y que pasan por momentos y situaciones difíciles. Y los presupuestos del Ayuntamiento de Lleida en sentido contrario. Suben los impuestos y recortan las inversiones y las ayudas sociales.

María José Horcajada
Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Lleida

En misa y repicando

Una moción solicitando el apoyo a una propuesta del Movimiento Laico y Progresista en el último pleno del Ayuntamiento de Lleida abrió de nuevo el debate sobre las garantías y libertades ideológicas y de culto en nuestro país. En aquel pleno los partidos de izquierdas, incluido el Alcalde y su equipo de gobierno, dejaron clara su apuesta por el impulso de un Pacto Nacional por la Laicidad, un pacto impulsado por un movimiento que, recordémoslo, convocó una manifestación contra la visita del Santo Padre.

No podemos desorientar a los ciudadanos de Lleida mediante la utilización de terminologías diversas (laicismo, laicidad, aconfesionalidad) incitando a la confusión. Quien ha votado SÍ a este pacto sabe lo que votaba, incluido el Equipo de Gobierno. Si la laicidad que defiende este movimiento es una laicidad que propugna el respeto a la aconfesionalidad del Estado, incorpora el respeto a todas las religiones y reconoce el papel de la religión en la vida pública y por lo tanto divergente del concepto de laicismo que propugna una estricta separación iglesia-estado nos preguntamos: ¿Por qué el movimiento que propugna este Pacto protestaba contra la visita del máximo representante de una confesión religiosa? o ¿Por qué se tiene que impulsar un Pacto Nacional por la Laicidad si la Constitución garantiza desde 1978 la libertad ideológica, religiosa y de culto? ¿Realmente no está lo bastante reconocida la libertad ideológica en nuestro país? ¿O quizás, los intereses que defiende este pacto van más allá?

El debate terminológico sobre laicismo, laicidad o aconfesionalidad es confuso y ha dado lugar a muchas interpretaciones y llegados a este punto debemos acudir al sentido que fija nuestro Tribunal Constitucional, único interlocutor válido por dar respuesta a esta cuestión. De hecho la STC 101/2004, de 2 de junio, sostiene que "... en su dimensión objetiva, la libertad religiosa comporta una doble exigencia, que se recoge en el art. 16.3 CE: primero, la de neutralidad de los poderes públicos, ínsita en la aconfesionalidad del Estado; segundo, el mantenimiento de relaciones de cooperación de los poderes públicos con las diversas iglesias. En este sentido [...] el artículo 16.3 de la Constitución [...] considera el componente religioso perceptible en la sociedad española y ordena a los poderes públicos mantener las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las otras confesiones, introduciendo de esta manera una idea de aconfesionalidad o laicidad positiva".

Para el Partido Popular esta interpretación no deja ninguna duda y defendemos y defenderemos los derechos y libertades que postula nuestra Constitución Española en el marco de los derechos Fundamentales y Garantías Públicas que garantizan la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades y la aconfesionalidad del Estado. Ninguna confesión tendrá carácter de estatal pero los poderes públicos deberán tener en cuenta las creencias religiosas de nuestra sociedad y las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y el reconocimiento de sus fundamentos como base de nuestra sociedad actual.

Para acabar me gustaría recordar algunos datos que dejan entrever la importancia para nuestro país de la labor de nuestra tan odiada, por algunos, Iglesia Católica: “5.141 Centros de enseñanza; 990.774 alumnos (ahorran al Estado 3 millones de euros por centro al año); 107 hospitales (ahorran al Estado 50 millones de euros por hospital al año); 1.004 centros, entre ambulatorios, dispensarios, asilos, centros de minusválidos, de transeúntes y de enfermos terminales de SIDA; un total de 51.312 camas (ahorran al Estado 4 millones de euros por centro al año), gasto de Cáritas al año: 155 millones de euros (salidos del bolsillo de los cristianos españoles); gasto de Manos Unidas: 43 millones de euros (del mismo bolsillo); gasto de las Obras Misionales Pontificias (Domund): 21 millones de euros; 365 centros de reeducación para marginados sociales: ex-prostitutas, ex-presidiarios y ex-toxicómanos; 53.140 personas, (ahorran al Estado, medio millón de euros por centro); 937 orfanatos; 10.835 niños abandonados, (ahorran al Estado 100.000 euros por centro); el 80 % del gasto de conservación y mantenimiento del Patrimonio histórico-artístico, (se ha calculado un ahorro aproximado al Estado de entre 32.000 y 36.000 millones de euros al año) “.

A todo esto tenemos que sumar que casi la totalidad de personas que trabajan o colaboran con Manos Unidas, Cáritas, etc, son voluntarios que ayudan a los demás sin pedir nada a cambio y cuyo trabajo es muy difícil de cuantificar.

En definitiva, respetando la aconfesionalidad del Estado y con el máximo respeto a todas las religiones que conviven en nuestro país, me siento orgullosa de ser católica y siendo coherente no entiendo la postura de aquéllos que están en misa y repicando.

María José Horcajada Bell-lloch
Portavoz Grupo PP en la Paeria

Una opinió més sobre la plaça Ricard Vinyes

Després de les opinions expressades per veïns, regidors de la Corporació i fins i tot del propi Alcalde en relació a la reurbanització de la Plaça Ricard Vinyes ens veiem amb l’obligació d’expressar el nostre criteri sobre tan polèmica obra. I sí, creiem que utilitzar aquest terme és l’adequat ja que des del primer moment aquesta plaça no ha estat exempta de crítiques.

Hem de recordar que la plaça Ricard Vinyes no és una plaça qualsevol, per a Lleida aquesta plaça és tot un referent per als seus ciutadans i esdevé un important, per no dir el més important eix neuràlgic de la nostra ciutat.

Tots estem d’acord que calia modernitzar la plaça, ampliar el seu espai i acollir un nou pàrquing per suplir les carències d’aparcament a la Zona Alta (sota la Plaça Ricard Vinyes o en un altre indret de la zona), però el resultat no ha estat l’esperat. No qüestionarem la qualitat dels arquitectes i urbanistes que van projectar l’obra, però no és la plaça més adequada per la zona i les modificacions posteriors no han afavorit el resultat final de la mateixa i això és responsabilitat de l’equip de Govern de l’Ajuntament. Són constants les queixes pel dèficit de zones verdes, la carència d’ombres o la dubtosa preeminència dels accessos al pàrquing que trenquen afrontosament el perfil de la plaça i en res s’assemblen als projectats inicialment, queixes totalment merescudes.

Ara tenim una plaça freda, el verd l’intuïm entre petites escletxes, la il·luminació ens recorda un conjunt d’espases en alt i la rotonda es converteix en un nou punt negre del trànsit de la nostra ciutat. Aprofitem per lamentar que no s’hagi acceptat la proposta del PP a la comissió d’urbanisme demanant un estudi de detall sobre els elements decoratius de la rotonda.

Ricard Vinyes no ha estat una plaça de consens ni amb els veïns ni amb els partits de l’oposició on recordem que únicament els vots favorables del Grup Socialista van donar llum verda al Plec de Condicions, així com lamentem ara la falta de sensibilitat vers l’artista que dóna nom a la plaça i que veurà com el seu record queda reduït a una placa situada a l’entrada al pàrquing i per aquests motius reclamarem que l’estàtua al músic romangui al lloc on li correspon.

La importància de la plaça i el seu resultat final ha ferit les sensibilitats dels lleidatans. Potser caldria escoltar-los més i no confondre informar amb escoltar i consensuar.

Maria José Horcajada Bell·lloch
Portaveu Grup Municipal PP Ajuntament de Lleida

Per una Catalunya de Tots, una Diada per a Tots

Vivim en una societat plural, diversa i tolerant. Catalunya, és terra d’acollida, una terra on totes les idees són respectades i on el pluralisme polític i social és reconegut per a les societats avançades del nostre entorn com exemple de modernitat, progrés i cohesió.

Malgrat això, la radicalització del discurs d’alguns partits polítics, en una constant lluita per arribar a ser els més independentistes, amagats molts d’ells en contradictoris discursos, han enrarit darrerament el clima polític i social de Catalunya utilitzant la Diada com a jornada reivindicativa contra la Constitució i a favor de la autodeterminació.

Com hem manifestat en moltes ocasions, contràriament al que representen altres formacions polítiques, el Partit Popular sempre ha mantingut i ho continuarà fent una postura clara, ferma i marcadament inconfusible en contra de qualsevol procés que porti a Catalunya cap a la independència.

I en aquest escenari no podem consentir la utilització partidista d’una Festa que ha de ser de tots els que som i ens sentim catalans i no solament d’aquells amb aspiracions independentistes. En una situació com l’actual, els servidors públics no poden mirar cap a un altre costat i hem de dirigir els seus esforços a donar solucions als problemes reals dels catalans. Mentre alguns polítics continuen ocupant el temps en disputes sobiranistes, ni l’administració de l’Estat ni l’administració de la Generalitat ni la nostra administració Local han estat capaces de posar remei al problema més peremptori per a la nostra societat com és la crisi econòmica i atur.

Nosaltres creiem en una Catalunya integradora i no excloent, la Catalunya dels que ens sentim catalans i no per això deixem de sentir-nos també espanyols. Creiem, en l’autogovern de Catalunya però no concebem una Catalunya sense Espanya ni tampoc una Espanya sense Catalunya.

Apostem per una Catalunya líder, per una Catalunya que torni a ser el motor d’Espanya amb un govern que s’ocupi de no pujar els impostos, que ajudi a l’empresari a crear ocupació i que generi riquesa.

La Diada ha de ser una festa de tots. Una festa on tots hem de sentir-nos identificats, una festa per reivindicar la nostra identitat pròpia, però una festa de Tots i per a Tots.

Des del nostre Partit vetllarem en tot moment per la normalitat democràtica que representa la defensa de l’Ordenament Jurídic i de l’Ordre Constitucional, fonament d’una societat que ha assolit les majors quotes de llibertat i autonomia de la seva història. Llibertats que permeten que puguem sentir-nos molt catalans sense deixar de sentir-nos espanyols.

I en aquest escenari tots els catalans moderats trobaran en el Partit Popular de Catalunya, la seva senya d’identitat, un partit que ha defensat, defensa i defensarà una Catalunya integradora, amb un projecte clar, sense contradiccions, ambicionant una Catalunya més pròspera, rica i plural, contribuint entre tots a construir una Espanya més forta. Bona Diada a Tots.

M. José Horcajada i Bell-lloch
Portaveu del Grup Municipal del PP a l’Ajuntament de Lleida

Contra la crisi, més impostos?

En un context com l’actual les nostres Administracions han d’adequar les seves polítiques a la conjuntura econòmica i dins de les seves competències adaptar la seva política fiscal a aquestes circumstàncies. Lleida ha estat una ciutat tradicionalment cara pels lleidatans pel que fa a impostos i malgrat tenir l’actual govern marge de maniobra, no han rectificat la seva política impositiva. Viure a Lleida suposa pagar més per determinats impostos, especialment per l’IBI que, si bé és cert que és la principal font d’ingressos municipals, precisament per aquest fet també és l’impost municipal que més afecta als ciutadans de Lleida. Contra la crisi, més impostos. Així es podria resumir la política fiscal de l’actual Govern de la Paeria seguint la tònica dels darrers anys.

El mes de maig l’alcalde anunciava que rebaixaria el tipus de l’IBI per atenuar la forta pujada que experimentaria aquest impost amb motiu de la revisió cadastral de l’any 2005. Un cop presentat l’expedient d’Ordenances Fiscals hem vist que aquesta rebaixa és del tot insuficient. I és que pel que fa a l’IBI les noves Ordenances Fiscals preveuen una reducció mínima del 0,69% al 0,682% incapaç de frenar l’augment legalment previst i donant com a resultat un augment aproximat del 9% en aquelles finques que van ser revisades l’any 2005. Lleida és la capital de l’Estat Espanyol més cara pel que fa a l’IBI. Segons el rànquing tributari de municipis espanyols l’Agència Tributària de Madrid, Lleida és la capital d’Espanya que exigeix un major esforç fiscal als seus ciutadans en relació a l’IBI i pel que fa a l’Impost de Vehicles, tot i la seva congelació està situat en el lloc 13 de 52. L’equip de Govern, amb el mateix guió de l’any anterior, anunciava la reducció i congelació dels impostos i taxes dins d’un paquet de mesures per frenar la crisi, però la realitat ha estat una altra.

A les Ordenances Fiscals per l’any 2011 també trobem afany recaptatori en determinats tributs, com així ho demostra el fort increment de la taxa de retirada de vehicles en prop del 50%, que finalment i sota pressió de l’oposició es veurà incrementada per trams, ja que si bé és cert que es tracta d’una taxa sancionadora, no és menys cert que els ciutadans de Lleida quan cometen alguna infracció no tenen perquè pagar més que en un altre indret. L’Associació d’Automobilistes Europeus ha realitzat un rànquing del cost de la grua a Espanya que, amb aquest increment, situa a Lleida de l’actual 20è lloc al sisè de les capitals més cares a Espanya. Al Partit Popular som conscients de les dificultats financeres dels ajuntaments, mentre la nova Llei de Finançament Local no arriba, però els ingressos no disminuiran, sinó tot al contrari, i únicament per IBI al 2010 es preveu un increment en la recaptació de 6 milions d’euros.

La reducció del dèficit municipal ha de ser a costa d’una major austeritat i d’una reducció d’Organismes i no a costa d’apujar encara més els impostos com es fa fins ara, i lamentem profundament el no de l’equip de Govern a la gairebé totalitat d’esmenes que hem presentat i que tenien com a objectiu corregir increments desmesurats, adequant les Ordenances Fiscals a la situació econòmica actual i alleugerir la càrrega fiscal que pateix el ciutadà, tot beneficiant a les famílies i a les persones amb menys recursos, fomentant la reactivació del teixit empresarial, afavorint l’ocupació i el foment de la sostenibilitat ambiental.

En les darreres Ordenances Fiscals el Grup Municipal del PP ha presentat un conjunt de 18 esmenes, dintre de les quals proposàvem la disminució del tipus de l’ IBI al 0,62 %, suficient per corregir la pujada i fer que el rebut de l’any vinent no s’apugi. Tanmateix, pel que fa a l’IBI, demanàvem augmentar la durada de 5 a 10 anys de les bonificacions als habitatges de protecció pública, bonificacions del 90 % a les famílies nombroses que tinguin ingressos inferiors al salari mínim, del 50 % als ingressos inferiors al doble del salari mínim i una bonificació del 50 % atenent al fet diferenciador de l’Horta de Lleida.

Amb l’objectiu de revitalitzar el teixit empresarial, el PP reclamava una bonificació del 50 % a l’Impost d’Activitats Econòmiques per les empreses que iniciïn la seva activitat empresarial i tributin per quota municipal durant els cinc primers anys d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu i un 25 % a les empreses que utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions per l’aprofitament d’energies renovables. Respecte a l’Impost de Vehicles, el Grup Popular volia la reducció del coeficient fixat per l’equip de govern de l’1,90, proper al límit legal, a l’1,70, un fet que suposaria una reducció mitjana d’entre 15 i 20 euros en el rebut d’aquest impost. Actualment, Lleida és la 13a província amb major esforç fiscal sobre aquest tribut.

Pel que fa a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, reclamàvem una bonificació d’un 30 % sobre la quota a les promocions d’obra nova d’habitatges que es construeixin al Centre Històric, amb l’objectiu de revitalitzar el sector i respondre als més de 3.900 sol·licitants d’habitatge protegit, i també que es bonifiqués en un 50 % la construcció d’habitatge protegit.

En definitiva, un conjunt d’esmenes presentades pel PP per adequar les Ordenances Fiscals a la realitat econòmica actual, per la reducció dels impostos, pel foment de l’activitat econòmica i per afavorir a les famílies quan més ho necessiten. Llàstima que l’equip de Govern socialista de la Paeria no ho vegi igual i prefereixi seguir furgant en les butxaques dels ciutadans apujant-los els impostos. Aquesta és la brillant iniciativa dels socialistes per sortir de la crisi.

Maria José Horcajada
Portaveu del PP a l’Ajuntament de Lleida

Volem una Lleida amb la cara descoberta

El Partit Popular, sempre s’ha mostrat favorable a la prohibició del burca, el niqab o qualsevol altra vestimenta que cobreixi per complet el cos i la cara de la dona i ho ha estat per dos motius fonamentals. El primer i més important, perquè entenem que aquesta vestimenta atempta contra la dignitat de la dona, és discriminatòria i vulnera un dels nostres principis fonamentals que és el principi d’igualtat home-dona. Darrera del burca hi ha una posició de submissió de la dona vers l’home, dificultant la comunicació i la relació de la dona, aïllant-la de l’entorn i dificultant la seva integració a la nostra societat. I un segon motiu, és clarament per raons de seguretat, perquè no sabem qui hi ha darrera d’un burca. Creiem que tota persona ha d’estar en els llocs públics amb la cara descoberta.

Des del grup municipal del Partit Popular no amaguem la nostra postura sota contradictòries reflexions, a vegades demagògiques, que existeixen al voltant d’aquest tema i pensem que la utilització de vestimentes que cobreixen la totalitat del cos i el rostre de les dones són clarament discriminatòries en la nostra societat i això no ho hem de permetre. El reconeixement del dret fonamental a la igualtat jurídica entre homes i dones no pot mantenir al marge elements de submissió com són el burca i el niqab. El burca no és una prescripció corànica. No hi ha cap versicle ni cap text de la Sunna que obligui a les dones a viure en aquesta presó de tela i ferralla que és un vel integral.

Hom pot parlar que la mesura que s’ha aprovat a l’Ajuntament de Lleida vulnera la llibertat religiosa o la llibertat individual, però aquesta llibertat mai ha de quedar per sobre quan entra en confrontació amb drets fonamentals col·lectius de caràcter superior, com són la seguretat i la igualtat de les persones, sense diferència de gènere, raça o convicció religiosa. No es tracta en cap cas d’una retallada de llibertats, sinó d’un reconeixement de drets fonamentals, com són el dret a la igualtat, a la no discriminació i el dret a la seguretat col·lectiva.

Apostem i volem una Lleida amb la cara descoberta, una Lleida igual per a tothom, on la cohesió social, la igualtat i les llibertats individuals obrin un espai de convivència i d’integració sense discriminacions de cap tipus, tot recordant que aquesta proposta no té un caràcter puntual, sinó que es tracta d’una qüestió llargament reclamada pel Partit Popular. Ja als anys 2006 i 2007, el Grup Municipal del PP a l’Ajuntament de Barcelona va plantejar una iniciativa semblant, però aleshores, tant el PSC com CiU no la van recolzar.

L’Ordenança Municipal de Civisme i Convivència de Lleida té com objectiu regular l’activitat de les persones físiques i jurídiques que es desenvolupa principalment a la via pública i a altres espais i serveis de domini públic. Aquesta regulació que transcendeix l’àmbit estrictament privat, modula o limita determinats tipus de comportaments, per tal d’aconseguir el benestar col•lectiu i possibilitar la convivència ciutadana. Lleida ha de ser un marc natural de convivència i d’iniciatives, sent competència municipal la prohibició de l’ús del vel integral i d’altres vestimentes o accessoris que cobreixin totalment la cara i que impedeixin la identificació i la comunicació visual en els edificis i equipaments municipals, tot de conformitat i amb estricte respecte als límits competencials que determinen la Constitució, la Llei de Bases de Règim Local i la Llei Municipal de Catalunya.

Però, si important és l’impuls que des de la Paeria es dóna per a l’establiment d’un escenari d’igualtat, seguretat i cohesió social, no ho és menys aconseguir un marc jurídic comú sobre el tema i per aquest motiu és fonamental continuar instant a les administracions competents, com són l’administració de l’Estat i de la Generalitat, per a què redactin i aprovin una regulació específica sobre la prohibició del burka i el niqab, ja que considerem que en joc es troben uns valors de convivència, respecte, igualtat, seguretat i no discriminació que s’han de preservar.

Maria José Horcajada
Portaveu del PP a l’Ajuntament de Lleida

El Tripartit i l’Empresa Municipal de Serveis Comunitaris

L’Empresa Municipal de Serveis Comunitaris continua donant que parlar i generant polèmica desprès de més de sis anys tancada i això tan sols vol dir dues coses: que es va tancar en fals i que el seu tancament només va ser una maniobra consentida per formar el govern tripartit a l’Ajuntament de Lleida.

Des del grup del Partit Popular no tenim intenció d’incórrer en l’amanida demagògia ni en falses argumentacions per obtenir algun més que dubtós benefici polític, però pensem que com a membres de la corporació municipal hem d’exigir a l’equip de govern la màxima transparència i que s’assumeixin les responsabilitats que calguin per les greus irregularitats detectades, algunes de les quals, segons el Tribunal de Cuentas, poden donar lloc a responsabilitats comptables.

Els lleidatans tenen tot el dret a saber quina va ser la gestió real d’una empresa pública com l’Empresa Municipal de Serveis Comunitaris, que va operar amb més ombres que llums des dels anys noranta fins a 2004 i que es va tancar sense que ningú assumís cap tipus de responsabilitat, ni professional ni política.

En la Junta General de l’EMSC de 28 d’abril de 2000, durant l’aprovació dels comptes anuals corresponents a 1999 el Partit Popular ja es va mostrar en desacord amb la gestió de l’empresa i més tard, al Ple de novembre de 2003 varem reclamar, en reiterades ocasions, la necessitat de tancar aquesta empresa municipal.

Per tant, ningú està legitimat per donar-nos lliçons sobre l’actuació del PP envers d’aquesta empresa i menys aquells que es vanaglorien d’haver-la fet tancar tan sols per un pur interès partidista i com excusa per poder formar part del govern municipal. No n’havia prou amb fer tancar l’EMSC, també era necessari que algú o alguns d’aquell govern municipal assumís les corresponents responsabilitats polítiques. I això no es va fer. Potser per por a perdre la cadira que s’havia aconseguit.

A més, quan algú, com ERC, es dedica a justificar la seva actuació al darrer Ple de la Paeria culpant als demès, vol dir que no tenen la consciencia tranquil•la i que, potser, la seva decisió de recolzar l’equip de govern en aquest espinós tema no va ser la més encertada.

Però la realitat és la que és i diu que tant la Sindicatura de Comptes com el Tribunal de Cuentas han detectat greus deficiències en la gestió comptable de l’EMSC que van des de saldos erronis, imports indeguts, manca d’informació, irregularitats en la presentació dels comptes anuals i pagaments de quantitats facturades per sobre dels imports contractats.

El Partit Popular, fidel als seus principis, recolza l’equip de govern en les decisions que beneficien als ciutadans, però també som crítics i denunciem les actuacions que, al nostre parer, són irregulars, sense tenir que ser condescendents amb determinades polítiques per assolir formar part del govern municipal.

I des d’aquesta llibertat creiem convenient no tan sols demanar la informació sobre la instrucció de la causa en la investigació sobre les irregularitats detectades per la Sindicatura (obligació de tota administració) en l’EMSC, sinó també que es realitzin les actuacions pertinents per esbrinar els culpables, depurant les responsabilitats que corresponguin, així com obtenir la documentació que es remeti tant per part de la Sindicatura de Comptes com del Tribunal de Cuentas.

Des del Partit Popular demanem que la transparència de la que fa gala el Govern de la Paeria es tradueix en l’assumpció de les responsabilitats escaients, perquè amb els diners de tots no s’hi juga.

Maria José Horcajada
Portaveu del PP a l’Ajuntament de Lleida

No a la desaparició de Lleida

Mentre les dades de gener han donat un increment del nombre d’aturats a Catalunya en 22.122 persones i a la província de Lleida en 1.511, les famílies no arriben a final de mes, i el Tripartit, i el senyor Montilla al capdavant concentren els seus esforços en crear per tràmit d’urgència una nova organització territorial a Catalunya, divisió cuinada des d’uns despatxos de Barcelona, que en la seva segona fase suposarà la desaparició del territori de Lleida tal i com el coneixem des de 1833. Deixaran de ser Lleida les comarques del Pirineu, és a dir l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Vall d’Aran i el Solsonès.

El tripartit ha cuinat una nova organització territorial a Catalunya des d’uns despatxos de Barcelona, amb un nul consens territorial i en contra de l’opinió del territori, sense que hi hagi cap motiu que justifiqui la divisió de Lleida. No hem d’oblidar que la província té una població de 436.000 habitants i qualsevol divisió comportarà una pèrdua de pes polític. A més, no hi ha cap estudi d’impacte social, ni territorial, ni econòmic d’aquesta divisió, ni cap estudi que ens digui que serà més eficaç, més eficient i amb un menor cost la prestació dels serveis als ciutadans.

Tampoc no hem d’oblidar que des de l’any 1833 hi ha una relació estreta i tranqui-la entre la plana de Lleida, el Pirineu i l’Aran. Hi ha un sentiment de pertinença al territori que no es pot obviar, a part de les conseqüències econòmiques de la pèrdua d’aquests lligams. Que passarà amb projectes com el nou ens de promoció econòmica a nivell provincial, amb l’Ave Lleida-Pirineus, o amb els diners que inverteix la Diputació en la promoció econòmica i turística del territori, entre altres projectes, amb la marca Ara Lleida?

Si l’excusa és el reequilibri d’un territori que mai ha estat equilibrat, si volem integrar el territori, el que ha de fer el Govern de la Generalitat és apostar per les infraestructures necessàries per la província de Lleida com són les autovies Lleida-Balaguer i Tàrrega-Balaguer-Alfarràs; els túnels de la Bonaigua i Comiols o els accessos a l’aeroport de Lleida-Alguaire. És lamentable que, mentre les comarques de Lleida i els lleidatans son víctimes del desgovern i del partidisme, el president Montilla es conformi a ser el titella dels capritxos dels seus socis del govern tripartit.

Actualment no és prioritari i és inoportú modificar l’organització territorial de Catalunya, perquè si es vol dur a terme ha de ser amb consens, fora de períodes electorals com l’actual, amb una anàlisi de costos acurat i amb criteris d’eficiència i eficàcia, i no carregant als ciutadans amb més costos i amb més despesa pública inútil. Hem d’apostar per una estructura del segle XXI i no per una organització medieval que no aporta cap valor afegit al que ja tenim. A més, els lleidatans no hem de permetre, sota cap concepte, que ens facin servir com a moneda de canvi per recuperar l’àrea metropolitana de Barcelona. Les vegueries són un atac frontal al territori de Lleida i un menyspreu a l’opinió dels seus habitants. Revelem-nos!

Maria José Horcajada
Portaveu del PP a l’Ajuntament de Lleida i a la Diputació

Incompliments i més impostos per la ciutat de Lleida

Els pressupostos de l’Ajuntament de Lleida estan fets per no complir-los a tenor de la gran quantitat d’obres que es venen arrastrant any rere any, com el Mercat del Pla o la renovació de la Plaça Pau Casals, entre d’altres, sense que s’executin. Aquesta és la tònica predominant i la que també es posa de manifest en els comptes municipals per l’any 2010.

Els pressupostos de la Paeria per aquest any, igual que els de l’any passat, estan emmarcats dins d’un context de crisi econòmica i, en aquest sentit, no estan pensats per complir un dels objectius prioritaris en aquests moments que és el de fomentar la creació de llocs de treball, davant les terrorífiques xifres de l’atur a casa nostra que posen de manifest que la desocupació s’ha incrementat a Lleida en un 45 % i que en un any s’han destruït més de 9.300 llocs de treball. Tot un record si tenim en compte que l’atur a la província de Lleida es considerava un atur tècnic abans de que arribés al Govern l’ínclit ZP.

I la Paeria que fa per intentar lluitar contra la xacra de l’atur? Doncs no fa altra cosa que reduir les inversions i augmentar els impostos. Dues receptes, al nostre parer, totalment errònies. Al pressupost per l’any 2010 les inversions municipals es redueixen en 33 milions d’euros i s’incrementa en un 10 % l’impost de bens immobles (IBI) i les sancions, on l’Ajuntament preveu recaptar aquest any 564.325 euros més en concepte de multes de circulació.

Des del grup municipal del Partit Popular varem presentar un total de 26 esmenes amb la finalitat de millorar i aportar noves idees i actuacions al pressupost municipal, unes esmenes que podeu consultar a la nostra pàgina web www.pppaeria.com. D’aquestes esmenes presentades, tan sols van ser parcialment acceptades les que feien referència a la millora del pavelló de l’Antorxa, la construcció d’un consultori mèdic al barri dels Magraners i petits increments de partides destinades a despesa social, amb l’única finalitat d’intentar evitar el nostre vot en contra, cosa que no va succeir.

No vam recolzar els comptes de la Paeria perquè entre les esmenes presentades i que es van rebutjar per l’equip de govern socialista n’hi havia de tan importants pels ciutadans de Lleida com la construcció d’una residència per a la Gent Gran a la Bordeta, la rehabilitació del cinema Goya dels Magraners per convertir-lo en un edifici polivalent, la rehabilitació de la façana de l’antiga escola dels Camps Elisis, la rehabilitació i adequació de la piscina coberta de Cappont, la urbanització d’uns nous accessos al barri del Secà de Sant Pere i la millora de l’asfalt i enllumenat dels camins de l’Horta i dels accessos a Gardeny. Totes elles eren propostes assenyades i pensades amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels veïns de Lleida.

Un altre punt en el que el PP no hi estem d’acord és en la paupèrrima quantitat que es destina a la construcció de pisos socials –mig milió d’euros- que units als 3,2 milions de l’EMU farà que l’Ajuntament promogui, aproximadament, la construcció de 60 pisos protegits. Una xifra ridícula si es te en compte que la demanda d’aquest tipus de vivenda a la ciutat de Lleida supera els 3.000 pisos. Per aquest motiu, des del PP consideràvem necessari un increment de les transferències en política d’habitatge i tampoc se’ns va voler escoltar.

També lamentem que no es volés incloure una partida extra, encara que fos mínima, per iniciar els treballs i estudis necessaris amb la finalitat de tirar endavant la candidatura del conjunt monumental del Turo de la Seu Vella com a Patrimoni Mundial. Un projecte que hauria de ser prioritari, no tan sols per potenciar i promocionar el primer i més important monument que té Lleida, sinó per evitar la pèrdua de visitants com la que ja va patir la Seu Vella l’any passat.

Així les coses, i malgrat que ara la resta de forces polítiques critiquen els pressupostos de la Paeria, el PP va ser l’únic grup de l’oposició que hi va votar en contra, i ho varem fer convençuts que aquests pressupostos no ens ajudaran a superar la crisi, ni a crear llocs de treball. Són uns comptes de bones paraules i pocs fets, incompliments i més impostos. Tot el contrari del que s’ha de fer per generar confiança, crear ocupació i eradicar el pessimisme que impera a la societat lleidatana.

Maria José Horcajada
Regidora i portaveu del PP a l’Ajuntament de Lleida

La ventafocs de Catalunya

L’equip de govern de la Diputació de Lleida –PSC i ERC- ha claudicat i ha signat el mal anomenat Pacte Nacional per a les Infraestructures mogut per motius purament partidistes, ja que aquest Pacte està redactat des del dogmatisme més radical, especialment pel que fa a la limitació de les infraestructures, a l’ús i generació dels recursos com l’energia o l’aigua, i a la limitació del vehicle privat.

Des del Partit Popular no hem donat suport a aquest Pacte Nacional per les Infraestructures perquè limita el creixement de les Terres de Lleida, ja que deixa la construcció d’un tercer carril a l’autovia A-2 en mans d’un suposat estudi que s’haurà de realitzar amb posterioritat al desdoblament total de l’Eix Transversal i la comunicació entre Tàrrega i Balaguer sense autovia.

També s’oblida de la comarca de les Garrigues, ja que no contempla la millora de cap de les seves carreteres, ni tan sols el reivindicat itinerari entre les Borges Blanques i la carretera C-12, que uneix Lleida amb Amposta. Tampoc recull la construcció de les autovies Lleida-Montblanc i A-2-Montblanc per Fonolleres (entre Tàrrega i Cervera), ni la finalització de l’Eix Pirinenc, entre Xerallo i Pont de Suert. Tanmateix, també tanca la porta a la implantació de les rodalies ferroviàries a Lleida, a la prolongació de la línia de la Pobla i a la nova línia fèrria entre la Seu d’Urgell i Puigcerdà.

Acceptar aquest Pacte implica que els treballadors paguin els peatges més cars, que els camions paguin per circular per Catalunya, quan a la resta de l’Estat no ho faran i que es puguin apujar els peatges els caps de setmana a les operacions retorn per, segons diu, gestionar la mobilitat. En aquest sentit, el tripartit ha passat d’una Catalunya lliure de peatges a una Catalunya amb més peatges i mes cars.

El PP també diu no a aquest Pacte perquè les solucions del Govern en matèria d’aigua passen per la “gestió de la demanda”, un eufemisme que amaga les restriccions d’ús i l’increment de les tarifes d’aquest servei bàsic. Des del prisma de l’esquerra, la sequera és responsabilitat de l’usuari que fa un malbaratament de l’aigua, mentre que des del nostre punt de vista, l’administració és la que ha de garantir el subministrament suficient per particulars i industries, i a uns preus competitius. Tampoc contempla mesures concretes per millorar l’eficiència del reg en l’agricultura.

I aquest Pacte tampoc explica com es finançarà. La majoria de les obres que es plantegen depenen de la voluntat del Ministeri de Foment i no sabem si hi està d’acord i si s’avindrà a finançar-les. La xifra estimada d’inversions, entre 60.000 i 100.000 milions d’euros no està garantida i el document fa referència a fons comunitaris –actualment en disminució- i del mercat, és a dir, finançament privat a canvi de concessions o peatges que, anteriorment, tant s’havien criticat.

A més, hi ha xifres en el document que no quadren i previsions sense determinar. Així, el Pacte preveu 11.836 milions d’euros d’inversió per a l’Eix Transversal Ferroviari, sense determinar l’administració titular, un fet que implica que ni la Generalitat ni l’Estat es fan responsables de gairebé 12.000 milions d’euros d’inversió.

En definitiva, des del PP no estem d’acord amb aquest Pacte Nacional per a les Infraestructures perquè limita les possibilitats de creixement i prosperitat econòmica de la província de Lleida, ja que està redactat des de la perspectiva metropolitana i no dóna una resposta als problemes globals de les nostres comarques. Amb aquest document, aprovat per la Generalitat, un govern que hauria de ser de tots i per a tots els catalans, queda clar que les Terres de Lleida continuaran sent la ventafocs de Catalunya.

Maria José Horcajada
Portaveu del PP a la Paeria i a la Diputació de Lleida

Generalitat, socorristes i túnel de la Bonaigua

El darrer Ple de la Diputació de Lleida, celebrat el passat 19 de juny, va resultar força interessant, no tan sols pels temes i les mocions aprovades en benefici del territori, sinó perquè, a més, també va servir per posar en evidència la subordinació del grup socialista al Govern de la Generalitat en detriment dels nostres municipis.

Al Ple es va aprovar, per unanimitat, mocions tan importants per les comarques lleidatanes com les d’instar al Ministeri de Foment i a la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat a mantenir l’enllaç directe projectat inicialment a l’autovia A-22, de Lleida a Osca, per a les poblacions de Sucs, Gimenells i Pla de la Font; la millora de la carretera N-230 entre el túnel de Vielha i Vielha i, també, la millora de la carretera C-28, entre Vielha i el Port de la Bonaigua.

Precisament, pel que fa a la millora de les comunicacions a les comarques del Pirineu, des del Partit Popular sempre hem expressat i defensat públicament la necessitat de millorar les carreteres i, a més a més, pel que respecta a la comunicació entre la Val d’Aran i el Pallars Sobirà, el PP creu que s’ha d’anar més lluny que la simple millora de l’asfalt de la carretera C-28, ja que considerem que aquestes dues comarques no estaran definitivament ben comunicades fins que no es construeixi el túnel de la Bonaigua, una obra que ja figurava en el primer Pla de Carreteres de la Generalitat de l’any 1985 i que el seu retard ha estat motiu de diverses protestes ciutadanes.

En aquest sentit, cal recordar que en el Ple de la Diputació del passat mes de febrer es va aprovar per unanimitat una moció, presentada pel PP, en la que es demanava a la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques iniciar durant aquest any l’estudi informatiu i d’impacte ambiental del túnel de la Bonaigua. Cal vetllar doncs i estar amatents perquè la Generalitat compleixi aquest mandat de la Diputació i no quedi oblidat al bagul dels records com ja ha passat en altres ocasions.

En quant a l’autovia de Lleida a Osca, és de justícia defensar la legítima reivindicació dels veïns de Sucs, Gimenells i Pla de la Font de demanar que no es suprimeixi l’enllaç directe projectat inicialment per aquestes poblacions. Ara depèn de la bona voluntat i de les ganes de fer-ho del Ministeri de Foment.

I ja que parlem de ganes i bona voluntat, crec que en la construcció d’aquesta autovia, el Ministeri de Foment hauria de posar-hi molt més interès i medis a l’hora d’executar les obres, ja que el tram entre Lleida i la Cerdera, que devia estar finalitzat al setembre de l’any 2008, arrossega un retard de més de 8 mesos.

Un retard que és encara més escandalós si es té en compte que als pressupostos de l’Estat per l’any 2004 ja figurava una partida de més de 2 milions d’euros per la redacció dels projectes entre Lleida i la Cerdera, de la Cerdera a la variant d’Almacelles i d’Almacelles al límit de la província de Lleida. Cal esperar un major esforç per part del Ministeri de Foment que permeti recuperar el temps perdut.

També es va aprovar una moció, presentada pel grup de CiU, en la que es demanava que la Diputació establís una línia d’ajudes als ajuntament de la província de Lleida amb la finalitat que puguessin contractar socorristes per les seves piscines municipals, donat que el Servei Català d’Ocupació ha restringit aquest any el pla d’ocupació que servia per pagar els socorristes de les piscines municipals en període estiuenc, adduint la crisi econòmica i la necessitat d’atendre altres mesures més prioritàries. Finalment, la Diputació hi destina una partida de 400.000 euros per a què els ajuntaments lleidatans puguin finançar la contractació de socorristes a les seves piscines municipals.

Des del grup del PP estem totalment d’acord amb aquesta línia d’ajudes de la Diputació, i així ho varem expressar al Ple amb el nostre vot a favor, però també considerem, tal com vàrem demanar en el debat plenari de la moció, que la Generalitat hauria de complementar aquests ajuts i que la propera temporada el Departament de Treball ha de tornar a reinstaurar les ajudes a les quals s’acollien els ajuntaments per fer front a la despesa que els suposa la contractació de socorristes per les piscines municipals.

Tant CiU com ERC van estar d’acord en que s’afegís aquesta proposta del PP a la moció, però els socialistes es van oposar rotundament al·legant que es tenia que haver parlat abans del Ple. Això sona a excusa de mal pagador. I més si es té en compte que no és la primera vegada, ni serà l’ultima, que durant el debat d’una moció, a petició d’algun grup polític, s’incorpora una proposta per millorar-la.

Per tant, aquesta excusa no val, com tampoc és seriós dir que la Generalitat ha de destinar els recursos a altres actuacions més prioritàries. Que hi ha més prioritari que ajudar als ajuntament a donar un millor servei als ciutadans? Suposo que quan des del Govern es diu que s’han de destinar els diners a serveis més prioritaris, no es referiran als milions d’euros que la Generalitat ha gastat en informes que no serveixen per res, en obrir ambaixades per mig mon per col·locar als amics i parents, o en subvencionar a entitats properes als partits que integren el govern català.

D’això se’n diu malgastar i fer un mal us dels diners públics. Uns diners que haurien de servir perquè els nostres ajuntaments puguin tirar endavant amb garanties els serveis que donen al ciutadans, també la contractació de socorristes per les piscines municipals a l’estiu, i no per fer partidisme i acontentar a la camarilla. La Generalitat ha de donar resposta a les necessitats dels ciutadans, i no generar problemes als nostres municipis.

Maria José Horcajada
Portaveu del PP a la Diputació de Lleida

El gran repte del mon local

El 3 d’abril de 1979 es van celebrar les primeres eleccions municipals democràtiques que van suposar el començament de la gran transformació política, social i econòmica d’Espanya i el període més llarg de benestar i de convivència de la nostra història.

Els primers ajuntaments democràtics van ser l’embrió del desenvolupament i consolidació de la democràcia i de la participació política, però també de la implantació i de l’extensió de nous serveis, ara universals, que han contribuït a augmentar el benestar i la qualitat de vida de les persones.

Tot i això, desprès de trenta anys, els problemes econòmics continuen asfixiant la immensa majoria dels nostres ajuntaments. I tot perquè, com he dit anteriorment, els municipis han anat assumint serveis que no els pertoquen, o perquè l’Administració autonòmica i estatal els hi ha traspassat competències sense una contrapartida econòmica adaptada a les noves circumstancies: població envellida, immigració i més exigència en la qualitat de les prestacions. És a dir, els ajuntaments gasten molt més amb un pressupost massa ajustat.

Les xifres que s’han donat a conèixer són de les que maregen. Els ajuntaments inverteixen 7.000 milions d’euros en aquestes competències sobrevingudes, i, a més a més, tenen uns 5.000 milions d’euros pendents de pagament a les petites i mitjanes empreses que els subministren.

Tota aquesta situació també ha provocat que els ajuntaments lleidatans deguin a les entitats bancàries més de 252 milions d’euros en concepte de préstecs, crèdits o altres deutes financers. Aquesta xifra representa que els ajuntaments de Lleida deuen als bancs una mitjana de 591 euros per habitant, molt per sobre de la mitjana estatal que és de 566 euros, i de la mitjana de la resta de les províncies catalanes que és de 548 euros per habitant.

Pel que fa a l’ajuntament de la ciutat de Lleida en concret, aquest deu 119 milions d’euros als bancs, el que suposa un deute de 856 euros per cada veí de la capital del Segrià. Aquests números posen de relleu el que, des de fa temps, denuncien les agrupacions de municipis, i és que la falta de finançament estatal obliga als ajuntaments a recórrer als préstecs per poder complir amb les obligacions assumides.

Una situació que, a tenor dels pressupostos generals de l’Estat, tampoc canviarà aquest any, sinó tot el contrari, ja que, lluny d’incrementar l’aportació, el Govern del “risitas” Zapatero ha retallat en 940 milions d’euros el finançament municipal, malgrat la petició feta des de la FEMP perquè es mantinguessin, com a mínim, les mateixes quantitats que a l’any 2008.

Per tant, els pressupostos generals de l’Estat per al 2009 són els més antimunicipalistes de la historia de la democràcia i, lamentablement, aquesta retallada la pagaran els de sempre: les famílies i les petites i mitjanes empreses. Zapatero, un cop més, es riu dels ajuntaments i, el que és més greu, els enganya al no complir les seves promeses electorals.

En relació als deutes a les petites i mitjanes empreses, principals subministradores dels nostres ajuntaments, i a les que les administracions lleidatanes els hi deuen 400 milions d’euros, cal recordar que el Grup del PP a la Diputació de Lleida va presentar una moció per demanar que l’ens provincial pagués als seus proveïdors en un termini màxim de 30 dies, amb la finalitat d’ajudar a les nostres empreses per a que tinguin una major liquidesa financera en uns moments de crisi com els que vivim. Malauradament aquesta proposta del PP no va prosperar perquè l’equip de govern (PSC-ERC) hi van votar en contra, argumentant que ja s’està estudiant aquest tema.

Però mira per on, la setmana passada la Comissió Europea va presentar una proposta -idèntica a la del PP de Lleida- per a que les administracions públiques abonin en un termini màxim de 30 dies els seus deutes amb les petites i mitjanes empreses (pymes) o hauran de pagar a canvi una indemnització fixa del 5% de l’import més els interessos per cada mes de demora.

Tant aquesta proposta, que la Comissió Europea espera que entri en vigor l’any 2010, com la del PP, no pretenen altra cosa que acabar amb la “malaltia” que és la morositat de les administracions públiques amb les pymes, ofegades en aquesta crisi per la dificultat que tenen per aconseguir préstecs i per la demora en poder cobrar els seus treballs.

En definitiva, com es pot veure i comprovar, el problema del mon local és la precarietat del sistema actual de finançament, i el seu gran repte ha de ser, precisament, aconseguir un nou model de finançament, que passi del 13% actual al 25% dels fons de l’Estat, i l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia Local, que fixi i reconegui les competències i els serveis que han de prestar els ajuntaments.

Mentre no s’aconsegueixin aquestes reivindicacions, els ajuntaments hauran de continuar endeutant-se, en major o menor percentatge, segons la valia en la gestió dels polítics que els dirigeixin, per poder atendre les obres previstes i les demandes socials. I les petites i mitjanes empreses hauran de continuar fen cua per poder cobrar uns diners que legítimament els pertanyen per uns serveis prestats i, d’aquesta manera, mes rere mes, continuaran fen de banquers involuntaris dels ajuntaments. I a sobre, encara han de donar les gracies el dia que, finalment, poden cobrar els deutes.

Maria José Horcajada
Portaveu del PP a l’Ajuntament de Lleida i Diputada Provincial

Educar en la igualtat

El 8 de març commemorem el Dia Internacional de la Dona, una celebració que des de fa un segle reivindica la igualtat efectiva amb els homes com un principi essencial de la nostra societat. Avui, gaudim d’una igualtat jurídica que moltes de les nostres predecessores haguessin desitjat, però aquesta igualtat encara no és real, perquè la igualtat real requereix molt més que la igualtat normativa, cal un canvi social, cultural i educatiu, i que els responsables polítics impulsin les condicions idònies.

El sistema educatiu desenvolupa un paper de primera magnitud a l’hora de corregir les desigualtats per raó de sexe, generades a causa de l’assignació de diferents rols i valors a dones i homes. L’escola ha de ser una eina bàsica per fomentar valors i capacitats que contribuiran al desenvolupament de la pròpia identitat personal sense cap condicionament.

També és essencial avançar cap a la igualtat en l’ocupació com a instrument per adquirir independència i autonomia. Les dones som igual de capaces que els homes per assumir llocs de responsabilitat, però per poder assumir responsabilitats cal ésser iguals en llibertat, adequar els horaris laborals, impulsar la construcció de guarderies o duplicar el temps d’excedència dels pares que s’acullin a un permís de paternitat.

Tampoc hi pot haver una igualtat real en una societat que continua patint episodis de violència contra les dones. És per això que cal lluitar amb més eficàcia contra la violència masclista amb els mitjans i els recursos suficients.

En definitiva, ja es hora de passar, d’una vegada per totes, de les paraules als fets, i que, en aquest sentit, les Administracions Públiques promoguin tots els canvis necessaris per arribar a un model de societat on tots, homes i dones, tinguem les mateixes oportunitats en condicions d’igualtat real i no només formal.

Maria José Horcajada
Portaveu del PP a l’Ajuntament de Lleida

Ja n’hi ha prou. Diguem no!

Les comarques de Lleida estan patint darrerament tot un seguit d’agressions. Cal recordar l’intent de transvasament d’aigua de la capçalera del riu Segre, l’intent de reducció dels carrils del nou túnel de Vielha, la proposta de divisió del territori de Lleida en vegueries, i ara, si no ho evitem, planeja l’amenaça d’ampliar les zones ZEPA al canal Segarra-Garrigues. Tot aquest seguit de despropòsits no fan més que demostrar el menyspreu que les administracions i els partits que les governen senten per la gent i el territori de Lleida.

Ara li ha tocat el rebre al canal Segarra-Garrigues. És aquest nou canal el que pateix la mala gestió del Govern de la Generalitat fins el punt que ha estat un informe del propi Govern el que posa en perill la seva viabilitat. La viabilitat d’un canal, el Segarra-Garrigues, que, a l’igual que al seu temps va tenir el canal d’Urgell, és actualment l’obra amb una major transcendència econòmica i social de les que s’han fet en els darrers anys i de les que s’estan fent avui en dia a les comarques de Lleida.

Ha estat aquest informe encarregat pel Govern al Centre Tecnològic Forestal del Solsonès, i enviat a la Comissió Europea, el que ha propiciat que la UE vulgui imposar 23.000 noves hectàrees de protecció a la zona de reg del canal Segarra-Garrigues, que afegides a les 26.250 ja existents, qüestionen la viabilitat econòmica del canal. Hagués estat massa demanar que el Govern fes un informe sobre com fer compatible el regadiu amb la protecció d’aus, estan massa enfeinats amb informes de dubtosa utilitat com el de disseny del parxís, el del muscle zebra o un sobre models gràfics de polvoritzadors agrícoles, un estudi de deu folis al mòdic preu de 6.600 euros.

Aquesta mala gestió demostrada i la passivitat dels Departaments d’Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat han portat a la demanda de la UE d’incrementar les àrees de protecció d’aus, en detriment de la zona regable del canal, posant en perill no tan sols la seva viabilitat, sinó la pròpia supervivència dels pagesos que confien en aquest nou regadiu per tirar endavant i poder viure de l’agricultura.

En un cas com aquest, s’ha d’estar al costat dels pagesos i dels regants del canal Segarra-Garrigues, i d’aquí el suport i la presència del PP de Lleida a la manifestació celebrada a la Plaça Sant Jaume de Barcelona a favor del canal i en contra de l’ampliació de les ZEPA.

Com també és important i necessari el consens en les institucions lleidatanes, com ho ha estat en el cas de la Diputació de Lleida, ja que tan sols aquesta unitat i aquesta comunió entre les institucions i el territori podrà evitar, com ja va passar en el tema del transvasament d’aigua del Segre, aquesta nova agressió que, ara, en forma de ZEPA, es vol imposar i que fa perillar la continuïtat del canal Segarra-Garrigues.

Un canal amb una funció que va molt més enllà que una simple obra de regadiu, ja que a més aportarà aigua per la ramaderia, per la indústria de transformació i, com no pot ser d’una altra manera, aigua de boca per a moltes poblacions que en els darrers temps pateixen restriccions i que s’han de subministrar mitjançant camions cisterna.

Davant de la incoherència amb la que actua el Govern, es necessari acabar no tan sols amb les incerteses de tota mena que des de sempre i per diferents motius han acompanyat la construcció del canal Segarra-Garrigues, sinó també amb el fonamentalisme ecologista del conseller Baltasar, principal protagonista dels més sonats intents d’agressió al territori de Lleida i a la seva gent: el del transvasament d’aigua des de la capçalera del riu Segre i, ara, l’ampliació en 23.000 hectàrees de la zona de protecció d’aus al canal Segarra-Garrigues, responsabilitat compartida amb la Conselleria d’Agricultura, i amb un Govern de la Generalitat incapaç de fer els deures, i que ha tornat a suspendre davant la Comissió Europea. Per cert, els nostres pagesos i regants encara no saben el preu de l’aigua amb la que regaran. Com els nostres professionals agrícoles poden fer un pla de negoci sense saber una variable tan important com el preu de l’aigua?

El transvasament d’aigua del Segre es va poder evitar gràcies a la resposta contundent del territori i de les institucions, i l’ampliació de les zones ZEPA al canal Segarra-Garrigues es podria parar, a més de la mateixa resposta contundent del territori i de les administracions locals, si la Generalitat, de la mateixa manera que va encarregar un estudi que contempla l’ampliació de la zona de protecció a la zona regable, ara esmena aquesta patinada, i presenta a la Comissió Europea i on faci falta, un estudi científic i seriós que demostri que el reg no està renyit i és perfectament compatible amb el respecte al medi ambient i amb la preservació de les aus, tot i tenint sempre present que primer són les persones.

Això és el que reclamem des del PP. Però també diem que ja ni ha prou d’actuar i prendre decisions d’amagat i sense consultar al territori. Ja n’hi ha prou de tanta imposició i de considerar-nos la reserva d’indis de Catalunya. Ja n’hi ha prou! Diguem no a tot aquest menyspreu a les terres de Lleida, i a tanta incompetència i improvisació.

Maria José Horcajada
Portaveu del PP a la Diputació de Lleida

Variant sud si, però no a qualsevol preu

La proposta elaborada pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat per la construcció del tram entre Lleida i Alcarràs de la variant sud afecta a tot una sèrie de conreus i espais de l’Horta de Lleida, un espai productiu, agrícola i natural unit a la ciutat de Lleida i que representa un dels seus patrimonis més importants i és una garantia del seu equilibri social i mediambiental.

La importància d’aquesta infraestructura va quedar palesa en el darrer ple de la Diputació, on el PP primer, i CiU i l’equip de govern desprès, vam presentar mocions a favor de la variant sud i en defensa del territori i el seu reequilibri, i al final vàrem ser capaços de tirar endavant una moció de consens entre tots els grups polítics.

Des del Partit Popular considerem del tot necessària i bàsica la construcció d’aquesta variant sud, però no a qualsevol preu, i ho dic perquè alguns han confós, aquests dies, la discrepància amb el traçat amb el que no es vulgui la construcció d’aquesta variant i això es falç. La variant sud de Lleida es necessària.

La ciutat de Lleida necessita aquesta infraestructura que, juntament amb la variant nord, tanqui l’anella viària que permeti alliberar la ciutat del trànsit rodat de pas i, tanmateix, doni un servei a les poblacions del voltant, com són Albatàrrec, Alfés, Montoliu, Sudanell, Sunyer, Alcarràs i Torres de Segre, i la Diputació té el deure de potenciar les possibilitats de creixement d’aquests pobles del sud del Segrià, donant-los les millors comunicacions per a que tinguin les mateixes possibilitats de desenvolupament que han tingut els municipis del nord de la comarca i la variant ha de ser una oportunitat per aquests pobles.

Ara bé, això s’ha de fer, però no a qualsevol preu i tots tenim la responsabilitat de vetllar perquè el projecte definitiu del Departament de Política Territorial i Obres Públiques sobre aquesta variant sigui el màxim de respectuós amb l’Horta de Lleida i amb els veïns que hi viuen i la conserven, ja que ells són els veritables garants de què l’Horta perduri en el temps.

En aquest sentit, cal recordar el pas de l’AVE per l’Horta, que inicialment es volia fer mitjançant un talús, però que, finalment, fruit del consens i del diàleg es va aconseguir que fos a través d’un viaducte, amb la qual cosa es va evitar la fragmentació de les finques. En aquest cas hi va haver consens i diàleg amb els veïns. Ara, aquest consens i aquest diàleg és el que hem trobat a faltar amb la proposta de construcció de la variant sud.

La postura del PP és clara i contundent: defensem el traçat més allunyat del nucli de Lleida. I no estem sols, ja que també ho defensa la Plataforma Protegim l´Horta de Lleida, els municipis del sud del Segrià i altres formacions polítiques i entitats socials i culturals, perquè aquest traçat dóna solució a les necessitats de la ciutat de Lleida, és la millor opció per l´Horta i també dóna un millor servei als diversos municipis del sud del Segrià.

Tanmateix, des del PP, sempre hem pensat que era important arribar a una postura de consens per part de la Corporació Provincial, perquè entenem que és bàsic que les institucions de Lleida es posin d’acord en allò que volen pel territori.
En aquesta línia, l’aportació del grup del PP en la moció que, finalment, es va aprovar a la Diputació va ser decisiva perquè es tingui en compte la valoració de l’afectació de vivendes i no només la valoració econòmica de la construcció de la variant, perquè s’esculli el traçat amb un menor impacte sobre l´Horta, evitant el màxim possible l’afectació d’edificacions i vivendes, i per sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques que prengui en consideració les al·legacions presentades per institucions i entitats del territori al nou projecte de la variant sud.

També he de dir que ens hagués agradat més que la Diputació apostés per un traçat en concret, però cal valorar positivament la moció aprovada perquè el territori i les seves institucions hem de ser capaços d’anar junts de la ma, per sobre de diferències polítiques, en tot allò que és important per les terres de Lleida i la seva gent.

Finalment, no deixa de ser una vergonya que aquesta variant sud de la capital del Segrià, de la qual es va encarregar la redacció del primer projecte al maig de l’any 1995, quasi 14 anys després, encara estiguem discutint el traçat. Desitjo que entre tots siguem capaços de consensuar el millor traçat i, el que és tan o més important, exigir a la Generalitat que faci de la variant sud una realitat.

Maria José Horcajada
Portaveu del PP a la Diputació de Lleida

Els comptes de la Paeria i la crisi

Els pressupostos de l’Ajuntament de Lleida de l’any 2009 venen marcats per un context de crisis econòmica –en data d’avui hi ha un 76 % més d’aturats a Lleida que fa un any, per posar un exemple- i per aquest motiu el Ple de l’Ajuntament de Lleida va aprovar una moció conjunta de tots els grups polítics relativa a l’adopció de mesures, algunes d’austeritat, per fer front a la crisis econòmica que ens afecta.

Si mirem en concret els pressupostos, se’ns presenten uns comptes més continguts que l’any anterior, amb un augment del 9,52 %. Pel que fa a la despesa, la de personal puja molt, un 17,65 %, tot i la congelació dels sous de l’alcalde, dels regidors i del personal eventual i de confiança. Puja, entre altres motius, per l’augment del nombre d’agents de la Guàrdia Urbana (10 agents), cosa que em sembla bé, perquè la seguretat és un dels pilars d’una ciutat, però si la Generalitat hagués fet els seus deures i tinguéssim el nombre de mossos que ens pertoca, potser ens podíem haver estalviat aquest increment de la despesa.

I pel que fa a la resta de despeses, algunes relacionades amb les polítiques socials (com aliments a la infància), el subministrament d’aliments a la canera, les despeses destinades a la promoció de la línia de microcrèdits a dones emprenedores o les despeses de manteniment del Parc de la Mitjana, havien baixat molt en proporció i d’una manera injustificada i s’han incrementat amb l’acceptació de diverses esmenes del Partit Popular.

Hem de lamentar però la disminució a les aportacions a les AVV i Cases Regionals, que cauen un 20 %, tot i la important tasca que desenvolupen a la nostra ciutat, i també la reducció de l’aportació a entitats com el Cercle d’Economia de Lleida.

La inversió augmenta i passa de 45 a 52 milions d’euros, però com tots sabem tan important com preveure un increment en la inversió és veure com evoluciona aquesta, i el nostre ajuntament es caracteritza pels incompliments en l’execució de les inversions. Recordem la Plaça de Sant Joan, la Plaça Sant Francesc o la Plaça Blas Infante per donar només alguns exemples.

El Grup del PP va presentar tot un seguit d’esmenes als pressupostos. Lamentem que algunes d’elles no hagin estat acceptades, com la creació d’un nou Alberg Municipal, la rehabilitació o condicionament de l’antic pavelló l’Antorxa i de la piscina coberta de Cappont (equipament que donava servei no només al barri de Cappont sinó a tota la ciutat), un Local Social (centre cívic) més ampli a la zona del Camp d’Esports, l’ampliació de les Piscines Municipals de la Bordeta o l’arranjament de la Plaça Espanya, una cruïlla on hi ha un problema de trànsit encara per resoldre.

Sí que se’ns van admetre, per contra, les esmenes que feien referència a la rehabilitació i millora de la façana del Palau de la Paeria, del Mercat de Flèming i la millora de vies públiques i infraestructures bàsiques com la millora i l’asfaltat del tram urbà del carrer Arbeca al barri del Secà de Sant Pere, la millora i reasfaltat del carrer Hospitalers de Sant Joan a Balàfia, la urbanització del nou accés al barri del Secà de Sant Pere, l’arranjament de la Plaça Pau Casals (una de les places que necessita urgentment un condicionament), Les Basses (tot i que ens hagués agradat una major partida econòmica) i, finalment, la pavimentació i clavegueram dels Camps Elisis.

Pel que fa a la millora dels Camps Elisis, hem de recordar que des de diferents sectors empresarials s’havia reclamat la necessitat de pavimentar i establir serveis de clavegueram per la zona dels Camps Elisis, on es realitzen multitud d’esdeveniments relacionats amb Fira de Lleida, com també per part de les penyes de l’Aplec del Caragol. Per tant des del PP esperem que durant aquest any es realitzi aquesta inversió, que evitarà la imatge deplorable que oferia aquest recinte cada cop que plovia durant la celebració de la Fira de Sant Miquel i de l’Aplec del Caragol.

Pel que fa al pressupost d’ingressos, des del Partit Popular ja vàrem votar en contra de les Ordenances Fiscals perquè entenem que els lleidatans paguem massa impostos (la imposició directa s’incrementa en excés, un 8,31 % respecte l’any passat) i no se’ns va acceptar cap de les propostes de bonificacions destinades a reduir els impostos per afavorir determinades polítiques en favor de la família, l’activitat econòmica, el medi ambient i l’habitatge.

En resum, tenim al davant uns pressupostos que reflecteixen els moments d’incertesa econòmica que vivim i que es salven posant-los en consonància amb el ja famós Fons Estatal d’Inversió Local. Des del grup del PP controlarem com s’executen, que es compleixin i la repercussió efectiva del pla anticrisi.

Maria José Horcajada
Regidora del PP a l’Ajuntament de Lleida

Violencia de genero: menos manifiestos y más recursos

El 25 de noviembre celebraremos el Día Internacional contra la Violencia de Género con unos datos sobre la mesa que son escalofriantes y que no deberían dejar indiferente a nadie: en los últimos cuatro años 280 mujeres fueron asesinadas en nuestro país y en lo que llevamos de año se han registrado 60 muertes por violencia de género, de las cuales, 13 habían puesto en algún momento una denuncia contra su maltratador, y 10 tenían alguna medida de protección en el momento en el que se consumó el crimen.

Estos datos ponen de manifiesto que la ley Integral contra la Violencia de Género, aprobada hace cuatro años, se muestra como un instrumento ineficaz para combatir la violencia de género y que las medidas de protección integral son claramente insuficientes, así como el presupuesto – 4 millones de euros para el año 2009- destinado para luchar contra esta lacra.

El Gobierno parece conformarse con aprobar una Ley que se ha quedado en papel mojado, pues la evidencia demuestra día tras día, con nuevas víctimas mortales, que esta Ley no funciona. De hecho, las carencias de la Ley ya han sido puestas de manifiesto por organismos como el Defensor del Pueblo o Amnistía Internacional.

Tanto es así, que tres años después de la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género, el 30 por ciento de las 72 mujeres asesinadas en 2007 había denunciado a su agresor y sólo el 4,6 por ciento de las que había solicitado una orden de protección la consiguió.

En Lleida, los Mossos d’Esquadra deben proteger en la actualidad a 336 mujeres víctimas de la violencia de género y las órdenes judiciales desbordan los recursos policiales y sociales. Una situación, además, que se agrava día a día, ya que, según el Consejo General del Poder Judicial, durante los últimos cuatro años, cada dos días un juzgado de Lleida dicta una orden de protección de una víctima de la violencia masclista.

Todos estos datos ponen de relieve que no basta con aprobar una ley, también es necesario realizar un buen diagnóstico de la realidad para poder tomar medidas eficaces y luchar contra una de las peores lacras de nuestra sociedad. Hay que hacer una valoración objetiva y detectar donde se está fallando y que nuevas medidas hay que adoptar.

Desde el Partido Popular queremos reiterar nuestro compromiso en la lucha contra la violencia de género, una de las peores lacras que sufre nuestra sociedad y que desgraciadamente cuesta la vida anualmente a decenas de mujeres.

Por ello, consideramos necesario adoptar, entre otras, una serie de medidas específicas que permitan mejorar la eficiencia en la lucha contra la violencia de género, como son: incrementar el número de policías dedicados exclusivamente a la violencia de género, especialmente formados para estas tareas y en comunicación directa, permanente y personalizada con las víctimas reales o potenciales; incrementar el número de Juzgados especializados en violencia de género, dotándolos de los medios necesarios para garantizar su funcionamiento, e incrementar los recursos que los ayuntamientos de las comarcas leridanas destinan a atender a las mujeres y victimas de la violencia de genero.

En este sentido, en el Pleno de la Diputación de Lleida del pasado viernes, el Grupo del Partido Popular ha solicitado que en los presupuestos de la Corporación para 2009 se destine una partida presupuestaria específica destinada a incrementar los recursos de que disponen nuestros ayuntamientos para luchar contra esta lacra social.

Estas, tanto a nivel estatal, autonómico, como local, son algunas de las medidas que desde el PP consideramos necesario potenciar. Ahora es tarea y responsabilidad del Gobierno adoptar éstas y demás medidas que sean necesarias para erradicar la violencia de género, aunque para lograrlo, antes el Gobierno debe dejar de lado su autocomplacencia en todo este tema y hacer autocrítica. En pocas palabras: menos manifiestos y más recursos.

L’Aran i les Vegueries

La reforma territorial de Catalunya s’ha convertit en un dels temes cabdals del Govern tripartit per la present legislatura. Se n’està fent per part de la Conselleria de Governació una qüestió vital pel futur de Catalunya, en un nou intent per mantenir a l’opinió pública allunyada dels greus problemes que patim els ciutadans.

La reforma territorial de Catalunya, les futures vegueries, no són una prioritat pels catalans, ja que, entre altres coses, suposaran una duplicitat d’actuacions i un major nombre de tràmits burocràtics. A més, és un tema que s’està portant d’esquena, no tan sols als ciutadans, sinó també a les formacions polítiques que, com el Partit Popular, no compartim el pensament, ni els criteris, ni les prioritats del Govern tripartit.

A més, abans de fer una nova distribució territorial a Catalunya, el que cal fer és millorar l’eficiència i eficàcia de l’organització territorial de l’administració pública catalana, buscant una major coordinació de les estructures i institucions que ja existeixen actualment.

Amb tot aquest batibull territorial, crida especialment l’atenció el cas de la Val d’Aran, ja que si el Govern no és capaç de posar-se d’acord i buscar una solució consensuada, amb quina credibilitat poden fer creure als ciutadans la necessitat d’una nova reorganització territorial a Catalunya?

Tant és així, que aquesta divisió i manca de consens també es va escenificar en la moció aprovada per la Diputació de Lleida amb els vots a favor de CiU, PP i Unitat d’Aran –per cert, aquest últim és un dels tres partits que configuren l’actual govern provincial-, i en contra del PSC i ERC, en la que s’exigeix a la Generalitat que no inclogui la Val d’Aran en la futura vegueria de l’Alt Pirineu.

Des del Grup del Partit Popular a la Diputació vàrem donar suport a aquesta moció atenent el sentiment majoritari dels aranesos, ja que, segons una enquesta, el 98 per cent dels habitants de la Val d’Aran estan en contra de forma part de la futura vegueria de l’Alt Pirineu. Una opinió i una postura que també està avalada per les institucions i els partits polítics aranesos.

En aquest sentit, cal recordar que l’article 3.4 de l’Estatut i disposició addicional fan palès la peculiaritat de la Val d’Aran dins de Catalunya i és per això que l’Aran no vol ser menyspreada ni estar ubicada en una estructura territorial que no sigui la seva pròpia i que ara l’encaparrament d’un Govern i d’uns consellers pretenent variar, enterbolint una relació i una situació pacífica i normalitzada com la que es viu actualment a la Val d’Aran.

Així doncs, malgrat que des del PP som contraris a les vegueries, ja que seria un pas enrere en la història administrativa de Catalunya, pensem que l’Aran té una singularitat pròpia dins de Catalunya que està emparada en el règim jurídic específic, d’aquí el nostre recolzament a la moció i a l’opinió majoritària de les institucions i dels ciutadans i ciutadanes de la Val d’Aran.

Per tant, cal no precipitar-se a l’hora de tirar endavant la reforma territorial de Catalunya i la implantació de les vegueries, i més si es té en compte que l’actual divisió administrativa i les vigents institucions ja funcionen, funcionen be, i estan plenament consolidades i reconegudes.